La Policía Nacional investifa una presunta trama corrupta que opera en el seno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el organismo encargado de velar por la limpieza en el sistema financiero español. El objetivo de las pesquisas para poder determinar si un grupo de funcionarios concede licencias para operar o impone sanciones oficiales a cambio de sobornos.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha remitido ya a Fiscalía un extenso informe, donde se detalla las supuestas actividades delictivas de la red, que se dedicaría a la extorsión y estaría integrada por varios funcionarios de alto nivel contratados desde hace ocho años por el organismo público.

La "propuesta de investigación", elaborada por la Policía Judicial dispone de 178 páginas y está sustentada en los testimonios de ex trabajadores de la propia CMNV así como declaraciones de testigos y denuncias de varios afectados por las maniobras de esta red.

Las diligencias policiales constan además de siete anexos documentales y ponen el foco sobre cinco cargos del órgano regulador. Los investigados están-o han estado hasta su marcha de la CNMC-adscritros a uno de los departamentos más sensibles para el mercado financiero español: la supervisión de la Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFI) y las agencias de valores. Esto es, las firmas utilizadas por miles de grandes y pequeños inversores para canalizar su dinero.

Nuevas diligencias

El informe policial, rubircado hace ahora casi un mes, fue remitido para su estudio directamente desde la Comisaría General de la Policía Judicial al Ministerio Público para que determine si existe una base delictiva sólida par que la investigación propiere. Este procedimiento fue registrado por la Fiscalía con el número de doligencias 45/2015.

Desde entonces el fiscal de la Audiencia Nacional que ha asumido las pesquisas ha solicitado a la CNMV, la remisión de varios expedientes sancionadores citados en el informe de la Policía Judicial para comprobar si de alguna forma fueron manipulados. A juicio de los investigadores, los integrantes de la presunta trama pudieron incurrir con su conducta en delitos de falsedad documental, cohecho, amenazas, extorsión, blanqueo de dinero e integración en banda organizada; un reguero de delitos que la fiscalía de la Audiencia nacional se esfuerza en confirmar de forma indiciaria antes de presentar o no su denuncia y trasladar el caso a un juzgado de instrucción.