La norma propuesta limita los derechos y garantías del consumidor, genera trabas para acceder al sistema de arbitraje y crea mayores desequilibrios en las relaciones con el sector empresarial.

Facua-Consumidores en Acción rechaza el Anteproyecto de Ley de Resolución Alternativa de Conflictos de Consumo que transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE del Parlamento y del Consejo Europeo. La norma propuesta por el Ejecutivo limita los derechos y garantías del consumidor, genere trabas para acceder al sistema de arbitraje y crea mayores desequilibrios en las relaciones con el sector empresarial, valora la asociación.

Además. pone obstáculos en el acceso a la justicia para un colectivo merecedor de especial y singular protección como es el de los consumdores.Se recuerda que la propuesta del Ejecutivo limita el acceso al consumidor al sistema de arbitraje al establecer, y permitir por ley, que se fije un precio para acceder  a él hasta un máximo de 30 euros.

Se considera escandaloso que sea el consumidor quien tenga que asumir el coste de un conflicto generado por abusos del sistema empresarial. Con ello, se limitarán derechos básicos de los consumidores en beneficio del sector empresarial.

Recordar que en España el sistema arbitral de consumo se ha caracterizado por ser gratuito. público imparcial e independiente.

El Anteproyecto incluye la posibilidad de que el sistema de arbitraje niegue una reclamación según el valor de la pretensión económica. Según esto, sólo se podrían reclamar cuantías en una horquilla entre cincuenta y tres mil euros. Parece que olviden que los consumidores son la parte más dèbil del mercado y que las reclamaciones en materia de consumo son por lo general de cuantías bajas y que también pueden darse reclamaciones que no tengan una pretensión económica.

En este sentido, tanto el Consejo Económico y Social como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han rechazado en sendos informes que los motivos económicos sean causa de exclusión de las reclamaciones.

Sistemas de mediación dependientes de las emrpesas

La norma permite a las empresas crear sus propios sistemas de mediación y arbitraje, dado que en situaciones de conflicto con los consumidores serán juez  parte, lo que generará un fuerte desquilibrio. entre embos.

Estos sistemas de arbitraje dependientes de las empresas, las personas decisorias del conflicto podrán depender laboral y jerárquicamente y estar retribuidas por el empresario reclamado.Esta posiblidad anula cualquier posibilidad de independencia, imparcialidad equidad  o justicia. El informe del CGPJ también se muestra contrario a este sistema.

El Anteproyecto de Ley presentado por el Gobierno prima de forma  clara un sistema de resolución de conflictos de carácter privado trasladando el sistema al sector empresarial y en detrimento de los sistema públicos. En este sentido, ni se determinan ni se homologan unos contenidos formtivos mínimos para las personas que tomen las decisiones de las decisiones en los conflictos entre consumidores y empresas, que se deja en manos de las decisiones en los conflictos entre consumidores y empresas, que se deja en manos de la autorregulación sin mayor compromiso formativo ni regulatorio de los poderes públicos.

Por otro lado, el Anteproyecto propuesto reconoce la competencia del Centro Europeo del Consumidor, presente en todos los países de la UE (inluida España)) para mediar en conflictos transfronterizos, un centro que carece de recursos suficientes para funcionar. La propia entidad indicó en diciembre de 2014 que paraba su actividad, y no el la primer vez que ocurre. Pese a que  desde el Centro informan de que retoman su actividad, suweb sigue sin estar actualizada desde la citada fecha.