Facua consumidores en Acción pide al presidente del Gobierno, que tome nota del varapalo que ha dado a España el Parlamento Europeo a través de un informe en el que la denuncia la pasividad ante los macrofraudes cometidos por la banca, la cuál se ha producido durante los  anteriores gobiernos del PP y el PSOE.

La asociación reclama a Sánchez la creación  de una  Agencia Estatal para la Protección de los Consumidores y Usuarios con competencias sanciondoras ante los fraudes masivos que afecten a consumidores de varias comunidades autónomas. Se trataría de un organismo adscrito al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, dedicado a controlar el mercado de interponer multas alas empresas que vulneren la legislación de defensa de los consumidores.

En este sentido, Facua recuerda que el Gobierno del PP eliminó el Instituto Nacional de Consumo(INC), cuyas competencias-entre las que no se incluía la posibilidad de aplicar sanciones-fueron fagocitadas por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición(AECOSAN). La asociación advierte de que la protección de los consumidores es una cuestión transversal que no debe vincularse a un único sector.

Asimismo, Facua denuncia que durante los gobiernos del PP y el PSOE, tanto en el Banco de España  como los ministerios de Economia y Sanidad-competente en materia de Consumo- fueron absolutamente permisivos con los grandes fraudes cometidos por la banca, las participaciones preferentes, la cláusula suelo, la imposición al consumidor de la totalidad de los gastos de formalización de las hipotecas, el cobro de comisiones abusivas o la aplicación de intereses de demora usureros en préstamos hipotecarios y al consumo.

La agencia que reclama Facua

Facua pide una agencia capaz de definir y planificar las políticas y estrategias de protección de los consumidores desde un óptica transversal e implicando a todas las aréas de gobierno y en coordinación con las comunidades autónomas.

Para ello es fundamental un organismo propio-no compartido con otras áreas y competencias- que asuma realmente las políticas de defensa de los consumidores en el ámbito nacional y cuente con capacidad sancionadora.

Desde la promulgación de la primera versión de la Ley General para l Defensa de los Consumidores y Usuarios, en 1984, el Estado no ha tenido nunca competencias para aplicar multas contra las empresa que la vulneran.

Sólo las comunidades autónomas cuentan con capacidad para imponer sanciones por la vulneración de la normativa estatal y autonómica de protección de los consumidores. Algo que dificulta enormemente que los fraudes masivos de los que son víctimas consumidores en todo el territorio nacional sean mutlados de manera proporcional a los beneficios obtenidos con ellos, señala Facua.

La Agencia Estatal para la Protección de los Consumidores y Usuarios que demanda Facua contaría con un amplio cuerpo de profesionales e inspectores dedicado al control de los mercados y a realizar investigaciones de oficio así como evaluar y coordinar las denuncias  que lleguen de las autoridades autonómicas y las asociaciones de consumidores. Además, intercambiaría información sobre las irregularidades que detecte con el resto de organismos del Gobierno con competencias de regulación, control y sanción.

Coordinación con las comunidades autónomas

Esta Agencia trabajaría en coordinación con los institutos, agencias y direcciones generales de consumo autonómicas, de manera que intercambiasen información y aprovechasen sus sinergias. También actuaría en colaboración con las organizaciones dedicadas a la defensa de los consumidores, para las que Facua reclama la consideración de parte interesada en los procedimientos que se abran a raíz de sus denuncias o en los que se personen en representación de los afectados.

El organismo que revindica Facua reforzaría el control del mercado, el papel de los reguladores y los servicios de inspección, apoyando a las comunidades autónomas y coordinando planes anuales de inspección y control del mercado.

La asociación considera fundamental el desarrollo de programas anuales eficaces de inspección y control de mercado de ámbito nacional en colaboración con las comunidades autónomas y con las organizaciones de consumidores representativas para impulsar acciones y compromisos de mejora en los sectores con peores resultados. Para proteger los derechos de los consumidores ante los abusos es necesario garantizar la existencia de mecanismos eficaces para controlar el mercado.

Asimismo,Facua demanda la revisión del papel inspector de las administraciones, con coordinación de los cuerpos de inspectores de los distintos ministerios y consejerías autonómicas y formación de los mismos.En cuanto a las competencias sancionadoras, pide que el Estado las asuma ante los fraudes que afecten a consumidores de varias comunidades autónomas. Es fundamental, reclama la asociación, la ordenación de las competencias inspectoras y sancionadoras y el marco de colaboración entre las comunidades autónomas y el Estado.

Facua plantea la necesidad de contar con los organismos reguladores y de control de los mercados independientes y neutrales, tanto de ámbito nacional como europeos , así como la participación de la organizaciones de consumidores en sus órganos consultivos y de dirección preservando un equilibrio con los operadores económicos.