El recibo de la luz del usuario medio subió un 4,2% en marzo con respecto al mismo mes del año pasado, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción. Se situó en 72,39 euros, casi 3 euros por encima de los 69,46 de marzo de 2018. La asociación recuerda que en abril, el regreso del impuesto a la generación que implantó el Gobierno de Rajoy y que el Ejecutivo socialista suspendió durante seis meses influirá de forma alcista en la evolución de las facturas.

FACUA critica que las tarifas elécticas siguen infladas ante la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a intervenir el sector para regular los precios y acabar con la especulación. La asociación advierte de que al igual que en las anteriores legislauras, en la que finaliza ahora no se han producido cambio de calado en la regulación energética, pese a que una vez más el Ejecutivo de turno prometió una "reforma estructural" del sector que nunca llegó.

El precio medio del kilovatio hora (kWh) de electricidad con las tarifas semirregulares (PVPC) ha sido este mes de marzo de 14,54 céntimetros (11,43 más el 27,19% de impuestos indirectos), un 5,8% por encima de los 13,73 céntimos (10,80 más ii) de marzo del año pasado.

El pasado febrero, la evolución interanual del recibo del usuario medio fue a la baja: se situó en 75,37 euros, un 1,2 menos que los 76,32 euros de doce meses atrás. En enero hubo subida: la factura estuvo en 79,79 euros, un 6,7% por encima de los 74,81 euros del mismo mes de 2018.

En 2018, tres de las cinco facturas más altas

En 2018, los usuarios sufrieron tres de las cinco facturas de la luz más caras de la historia. Los análisis de FACUA ponen de manifiesto que el recibo más elevado a nivel histórico fue el del primer trimestre de 2012, cuando se situó en 88,66 euros para el usuario medio (tras la correción de la tarifa fijada por el Gobierno por una sentencia del Tribunal Supremo). Tras ella, los 87,81 euros de enero de 2017 y los 83,55 euros de septiembre de 2018. La cuarta factura más elevada representó 81,18 euros, correspondiente a las tarifas de julio de 2015 y la quinta, 80,73 euros, de agosto de 2018.

FACUA lamenta que el Gobierno no haya emprendido medidas de alcance para abaratar el recibo y frenar la especulación del oligopolio energético. Las escasas actuaciones del Ejecutivo de Sánchez no han producido una bajada significativa en un infladísimo recibo al que cientos de miles de familias  ni siquiera pueden hacer frente, denuncia la asociación.

Las reivindicaciones de FACUA

FACUA trasladó el pasado mes de septiembre al Gobierno un documento con sus reivindicaciones para reducir la factura eléctrica de las familias españolas. La bajada del IVA  de la electricidad es una de las demandas de la asociación.

Bajarlo al 4% habría ahorrado al usario medio 130 euros el año pasado. Antes de impuestos, este usuario pagó 728,15 euros. El IVA del 21% vignte en la actualidad y el impuesto sobre la eletricidad suman un 27,19% de incremento en la factura, situándola en 926,16 euros en 2018. Con el IVA al 4%, la suma de los impuestos indirectos representaría el 9,32%, con lo que a cuantía habría bajado a 796,01 euros.

La principal  medida propuesta por FACUA es la creación de una tarifa regulada para todas las familias que no superen los 10kW de potencia contratada y deterinados límites de consumo. El análisis realizado por el equipo jurídico de la asociación pone de manifiesto que con el debido desarrollo normativo, esta fórmula no implicaría contradicciones con la legislación comunitaria. Los desproporcionados precios de la luz, la ausencia de competecia en el sector y la situación económica de las familias españolas justifican el establecimiento de una tarifa fijada por el Gobierno para proteger a los consumidores.

La asociación advierte de que el bono social del Ejecutivo de Rajoy fue un fracaso aún mayor que el que se aprbó durante la etapa socialista de Zapatero. En este sentido, los leves cambios introducidos por el Gobierno de Sánchez han seguido sin garantizar descuentos significativos y mantiene unos niveles de renta excesivamente bajos para acceder a él -salvo a las familias numerosas, que pueden beneficiare todas-.