La Comisión Europea ha acusado este viernes a las firmas automovilísticas alemanas BMW, Daimler y Volkswagen de llegar a pactos para restringir la competencia en el desarrollo de tecnologías de reducción de emisiones de vehículos de pasajeros tanto de gasolina como de diésel entre 2006 y 2014. "Las compañías pueden cooperar de muchas formas para mejorar la calidad de sus productos. Sin embargo, las normas de la UE no permiten pactos para hacer exactamente lo contrario: no mejorar sus productos, no competir en calidad", ha señalado en un comunicado la comisaria de Competencia,

Margrethe Vestager.

El Ejecutivo comunitario anunció en septiembre del año pasado la apertura de una investigación y este viernes ha enviado un pliego de cargo a los tres grupos. Según sus conclusiones preliminares, BMW,Daimler y Volkswagen participaron en un "esquema colusivo", contrario a las reglas de Competencia de la UE, para limitar el desarrollo de tecnologías limpias para nuevos vehículos de pasajeros vendidos en el Espacio Económico Europeo (EEE). Estos pactos tuvieron lugar en una serie de reuniones técnicas llamadas "círculo de los cinco" y Bruselas considera que su comportamiento tenía el objetivo de limitar la innovación de dos sistemas de reducción de emisiones y denegó a los consumidores la oportunidad de comprar coches menos contaminantes a pesar de que la tecnología estaba disponible.

El envío del pliego de cargo permite a las empresas afectadas ejercer su derecho a la defensa, pero la Comisión Europea podría imponer una multa de hasta el 10% de sus ingresos globales si al final del proceso confirma sus sopechas iniciales.

En concreto, el Ejecutivo comunitario acusa a este grupo de empresas de coordinarse para empeorar la efectividad de los sistemas de reducción catalítca selectiva (sistema SCR) para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx). También cree que pactaron para evitar o retrasar la introducción de filtros de partículares en motores de gasolina (sistema OPF).

Este comportamiento, argumenta Bruselas, violaría las normas europeas de Competencia, a pesar de que no se basa en la práctica habitual de los carteles de pactar precios o repartirse un  mercado determinado. Las autoridades comunitarias, sin embargo, han subrayado que el envío del pliego de cargos no prejuzga el resultado final de la investigación.