Adif ha incluido nuevas cláusulas y penalizaciones en los pliegos de contratación de las obras ferroviarias que promueve con el fin de blindarse ante nuevos cárteles como el destapado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por el que quince empresas se repartieron durante años proyectos por valor de unos 1.000 millones de euros.

La compañía promotora y gestora de la red ferroviaria podrá así imponer sanciones equivalentes a hasta un 50% del importe total de contrato a las compañías adjudicatarias que cometan infracciones, a razón de un 10% por cada sanción que cometan.

Además de estas multas, Adif también podrá rescindir el contrato con la empresa constructora "por causa imputable a este contratista".

Estas sanciones serán consecuencia de la inclusión en los pliegos de la compañía de una nueva cláusula de integridad y lucha contra el fraude.

Esta cláusula fija todas las obligaciones de la empresa licitadoras y del adjudicatario, y las consecuencias derivadas de posibles incumplimientos "con el fin de evitar que se registren nuevas prácticas contrarias a la libre competencia y perjuicios para la compañía".

Adif toma estas medidas después de que comienzos del pasado mes de marzo el superregulador diera por probado que quince compañías se repartieron durante unos catroce años 200 proyectos de electrificación ferroviaria, tanto el AVE como de líneas convencionales, por valor de unos 1.000 millones de euros.

La CNMC multó a estas compañías con un total de 118 millones de euros, la segunda mayor sanción impuesta para estos casos de reparto del mercado, y solicitó a la Administración que prohíba contratar a las empresas con organismos públicos.

De su lado, Adif anunció que llevará a las sanionadas a los tribunales para demandarlas por "daños y perjuicios". Además, indicó que realizará un informe para determinar los daños causados por el cartel y avanzó cambios en los pliegos de contratación.

Cláusula ética

La compañía, dependiente del Ministerio de Fomento, materializa ahora este cambio con la inclusión de la mencionada cláusula ética por la que, según detalla, las empresas que contraten con la compañía "se comprometen a comunicar "inmediatamente" al órgano de contratación las posibles situaciones de conflicto de interés de que tengan conocimiento, y a "no tratar de influir en la adjudicación del contrato, ni ofrecer ventajas personales y materiales a trabajadores de Adif o sus familiares".

Adif toma estas decisiones en tanto figura como principal órgano contratista de obra pública de la Administración central, toda vez que se encarga de la construcción de distintos corredores de Alta Velocidad ferroviaria.

En 2018, lanzó proyectos por 2.839  millones, tres veces más que en el ejercicio precedente y el 17% del total nacional, según datos de la patronal de grandes constructoras Seopan.